Prodis Abogados

En ocasiones hemos encontrado objetos extraviados o dinero, en el monte, en la calle, en un transporte público, en algún club, o aeropuerto… siendo la norma general ante este tipo de situaciones que optemos por quedárnoslo. 

Sin embargo, legalmente no está permitido este tipo de conductas porque infringen el Código Civil y, también puede ser constitutivas de un delito.

La obligación de entregar los objetos extraviados se encuentra regulada en el art 615 del CC que indica que: “El que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo.”.

Como es obvio y siendo flexibles, la devolución del objeto perdido no sólo debe hacerse a la persona del alcalde sino que también podría depositarse ante la Policía, las oficinas de objetos perdidos o, incluso si el hallazgo se produjo en un determinado ámbito a situación como puede ser en un colegio, una carrera, un transporte público, etc, la entrega debería hacerse al responsable de esa actividad entendiendo que esa persona la intentará hacer llegar al legítimo propietario.

Quedarse lo encontrado puede ser también constitutivo de un delito de apropiación indebida del art. 254 del Código Penal y castigado con penas de multa.

No te la juegues … si estás dudando qué hacer ante un hallazgo, opta por devolverlo al dueño si lo conocieras o a quien pueda hacérselo llegar porque haciendo esto no sólo cumplirás con la Ley sino que además, sentirás la reconfortante sensación de haber actuado correctamente.

En todo caso, sabed que, si el propietario no apareciese en el plazo de 2 años, lo encontrado se adjudicará a quien lo hubiese hallado.  

Se hallan en situación de fuera de ordenación las construcciones realizadas antes de la aprobación de un plan urbanístico que no se ajustan a lo previsto en éste. También se consideran como fuera de ordenación las construcciones realizadas tras la aprobación del Plan y disconformes con él, cuando han transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de las obras y, por tanto, cuando la Administración ya no puede  adoptar ninguna medida de restablecimiento de la legalidad urbanística.

 Obras prohibidas

El artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Suelo del Principado de Asturias dispone que en las construcciones fuera de ordenación no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones exigidas por la higiene, ornato y conservación del inmueble. Además el Tribunal Supremo tiene declarada la interpretación restrictiva de las obras que deben entenderse prohibidas en los edificios fuera de ordenación.

Obras permitidas

En aplicación de tales criterios, la jurisprudencia ha declarado que, entre las obras autorizables en los edificios fuera de ordenación, se encuentran:

• Las obras menores, es decir, las “de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, consistiendo  normalmente  en   pequeñas  obras  de  simple  reparación, decoración o cerramiento que no precisan de proyecto firmado por   profesionales   titulados   ni   de   presupuestos   ..».
• Las “obras de solería, alicatado, electricidad, fontanería”; “cambiar baños, cocinas y rebajar un escalón”; la “redistribución de la tabiquería interior, con las complementarias de decoración y servicios”; “la instalación de un cuarto de aseo”; las obras de incorporación de elementos desmontables; las de aplacado de paredes y techos con “pladur”; el suministro y colocación de suelo laminado y rodapié; la colocación de puntos de luz y toma de corriente; la pintura interior y exterior, y otras análogas.

Si necesita abogados en Avilés expertos en materia de urbanismo, diríjase a nosotros.

Algunas de las multas impuestas por los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado por incumplir el deber de confinamiento impuesto por el estado de alarma empiezan a decaer cuando llegan a los tribunales.

Hasta ahora, apenas se habían dictado sentencias por impugnaciones de las multas impuestas  porque, en la mayor parte de los casos, no se  había agotado la vía administrativa pero ya empiezan a llegar a los Tribunales y comienza el “goteo” de sentencias que estiman recursos por sanciones relativas al incumplimiento de la obligación de confinamiento generada por el Covid 19.

TRIBUNALES DE ASTURIAS

En Asturias, ya tenemos dos de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo que dictaron sentencias estimatorias frente a esta clase de sanciones, el Juzgado número 1 y el número 6 de Oviedo.

En el primero de los casos el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Oviedo anuló una sanción relativa al incumplimiento del confinamiento domiciliario de una mujer que circulaba en coche sin aparente causa justificada y, en el segundo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 6  anuló otra multa de un hombre que tomaba el sol  sentado delante de un escaparate.

CAUSA DE LA ANULACIÓN

La causa de la anulación de las sanciones, en ambos casos, fue la que venimos invocando en la generalidad de los recursos, esto es, que “el mero incumplimiento de las limitaciones o restricciones impuestas durante el estado de alarma no puede ser calificado automáticamente como desobediencia”, pues para que sea posible sancionar administrativamente una desobediencia debe existir un requerimiento expreso y explicito de un agente de la autoridad, no siendo suficiente el mandato normativo genérico.

Parece que se avecina un aluvión de sentencias y que muchas de estas sanciones las podremos librar.

La causa es que no se tipificaron las infracciones en el Decreto que reguló el Estado de Alarma, ni en ninguna otra norma posterior.

IMPOSICIÓN DE COSTAS A LA ADMINISTRACIÓN

Además de la anulación de la sanción, la sentencia impuso las costas a la Administración.

Si está buscando un despacho de abogados en Avilés para recurrir una sanción, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo.

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, regula por primera vez con detalle la provisión accidental de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.  El anterior Real Decreto 1732/1994 se limitaba a decir que las entidades locales podían nombrar para tales puestos con carácter accidental a uno de sus propios funcionarios, sin más requisitos que los de que no fuese posible otro procedimiento de provisión, que el funcionario nombrado estuviese suficientemente capacitado, y que previamente se solicitase informe a la Comunidad Autónoma sobre la existencia de algún habilitado nacional interesado en el puesto.

La competencia para el nombramiento accidental corresponde a la Comunidad Autónoma.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, introdujo en la Ley de Bases de Régimen Local un artículo 92.bis.7 que eliminó la competencia de las entidades Locales para los nombramientos accidentales, y la trasladó a la Comunidad Autónoma correspondiente. Y ahora el artículo 52 del Real Decreto 128/2018 precisa los supuestos es que es posible el nombramiento accidental, la exigencia de que el nombrado sea funcionario de carrera del subgrupo A1 cuando se trate de entidades locales de más de cinco mil habitantes, y la prohibición en todo caso de que el nombramiento recaiga en un funcionario interino.

Interdicción de la arbitrariedad.

Las reformas legales que acabamos de mencionar han reducido significativamente el grado de discrecionalidad de la Administración para los nombramientos accidentales, antes elevadísimo, pero nunca exento del control de los tribunales. La sentencia 515/2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, estimando nuestro recurso, dejó sin efecto las resoluciones de la entidad local y de la Administración del Principado de Asturias que habían revocado el nombramiento accidental de una funcionaria para el puesto de Interventora, y designado a otra en su lugar. La Sala, acogiendo nuestra tesis, declaró que la potestad administrativa para tales nombramientos se encuentra limitada por los principios de interdicción de la arbitrariedad, exclusión de la desviación de poder, y veracidad y objetividad de los hechos determinantes.

Si necesita abogados en Avilés expertos en materia de funcionarios públicos, diríjase a nosotros.

Cuando tras el divorcio alguno de los progenitores pretende el establecimiento de una guarda y custodia compartida, resulta esencial que, con su demanda, se presente un plan de parentalidad que explique de modo claro y detallado el ejercicio de la custodia compartida.

Resulta bastante habitual ver demandas, en las que se solicita una custodia compartida sin especificar de modo claro como piensa llevarse a cabo. Es muy frecuente ver como hacen referencia, de forma general, a unos periodos de convivencia semanales, o mensuales, pero sin entrar a detallar, de forma concreta, el modo en que el progenitor solicitante pretende lleva a cabo la custodia que pide.

Resulta esencial que a la demanda de solicitud de custodia compartida se acompañe un plan de parentalidad.

En un correcto plan de parentalidad deben hacerse constar, con carácter esencial, las siguientes cuestiones:

• La disponibilidad horaria del progenitor en relación a la vida y tareas cotidianas del menor (entrada y salida de colegio, horarios de actividades extaescolares y deportivas, etc…).
• Domicilio donde se desarrollará la convivencia y distancia de éste con el del otro progenitor, centro escolar, actividades extraescolares, etc…
• Los periodos de convivencia del hijo con cada uno de los progenitores.
• La forma de entrega y recogida del menor.
• La forma de comunicación entre los progenitores de todas las cuestiones relativas al hijo.
• El régimen de comunicación y relación del hijo con el progenitor con quien no se encuentre en cada momento.
• El régimen de estancia en vacaciones y fechas especiales.
• Detallar los gastos y necesidades económicas del hijo. El modo de acomentimiento de los gastos del menor, y la contribución de cada uno de los progenitores a los mismos.
• Detallar quien de los progenitores se hará cargo preferentemente de cuestiones que exceden la mera convivencia: matrículas, compra de ropa, de libros y material escolar, inscripción en actividades, etc…

Un plan parental viable es imprescindible para el establecimiento de  una custodia compartida

En fin, si se desea optar con unas mínimas garantías a la concesión de una custodia compartida, en la demanda debe acompañarse un plan parental viable, correctamente elaborado, que detalle las ventajas que reportaría para el menor el establecimiento de la custodia compartida solicitada.

Si está buscando un despacho de abogados en Avilés para solicitar una custodia compartida, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo.